Opinión Política

Nuestras exigencias de justic
                 Por Ana Laura Herrera  (integrante del       nodo central)

Hace ya un tiempo que comenzó a instalarse en la sociedad cierto debate sobre la necesidad de renovar el poder judicial con miras de lograr alcanzar mayores niveles de justicia.

Con esta incipiente discusión pública aparece la palabra de jueces, camaristas y hasta miembros de la Suprema Corte brindando opiniones sobre aspectos vinculados a las características de los juicios, la severidad de las penas, la edad de imputabilidad, etc., etc. Toman posición como parte de la ciudadanía y esa puede ser vista como una buena señal.

Sin embargo hay cuestiones que cabe pensar un poco más. Unas semanas atrás la Jueza Argibay Molina brindaba una entrevista en la que argumentaba en contra de la instalación de los juicios por jurado. Sostenía que la sociedad no estaba preparada para impartir justicia, “no es confiable”, “le falta educación”, “no tenemos garantía de que la gente comprenda cuál es la visión ni garantías de que el juicio no esté contaminado por la mirada periodística”. Argumentos comprensibles pero que por un lado tienen en su centro la ilusión de considerar la evaluación sobre los actos de justicia en términos estrictamente impersonales y por el otro confunden el rol que les toca a los jueces en nuestro sistema democrático. A ellos les toca hacer cumplir la Ley (en este caso obligar a los estados provinciales a promulgar la ley de Juicios por Jurados) y hablar a través de sus fallos.

Pero además, si profundizamos la reflexión podemos preguntarnos: ¿Dónde se para la jueza al sostener su postura? ¿Es posible imaginar una sociedad en que las personas (obvio que los jueces integran este grupo) puedan pensar, elegir o actuar sin estar influenciadas de alguna u otra forma por la condición y funcionamiento del mundo a su alrededor? ¿El pueblo es un conglomerado de gente que sólo merece ver satisfechas sus necesidades o es también un actor cuya libertad para decidir con otros qué valorar y cómo hacerlo puede extenderse mucho más allá de sus intereses y necesidades? ¿Han sido siempre a favor del pueblo los resultados alcanzados por las instituciones encargadas de repartir justicia tal y como funcionan hoy en día?

No creemos que el debate sea sencillo, desde las visiones institucionales puras se ha difundido una confianza suprema en la idoneidad de las instituciones tales como la Justicia para evaluar y decidir cómo van las cosas y lo que puede ser considerado justo, pero ciertamente se necesita mayor sensibilidad a lo que sucede en el mundo. En la búsqueda de justicia interrogarnos acerca de cómo estamos viviendo y si podemos mejorar aspectos concretos de nuestra existencia son interpelaciones necesarias y preguntas ineludibles de una sociedad democrática, discusiones soberanas de un pueblo que entiende el ejercicio de sus derechos como una responsabilidad. Resignarnos  a convertir el gobierno de la vida en común en una mera administración es dar un paso atrás.

Ahora bien, si avanzar en un camino más democrático de justicia requiere de razonamientos públicos que asuman responsablemente el conflicto y las contradicciones como componentes propios de lo común y colectivo, es necesaria la ampliación de voces y mayor pluralidad en la producción y distribución de la información.  ¿Cuánto más tendremos que esperar para que se aplique la Ley de medios de la democracia? El pueblo, a través de sus representantes, y como producto de una discusión pública vibrante, ya legisló sobre el tema. Les corresponde a los hombres y mujeres que tienen la máxima responsabilidad en el poder judicial hacer que se cumpla, ese es su rol en la institucionalidad democrática.

  

Frente al tema de los juicios por jurado el razonamiento que venimos desarrollando es también aplicable. Las reglas de la  democracia obligan a los jueces a prescindir de sus opiniones,  la acción  que les corresponde es la de regular y poner en práctica una Ley ya votada. La preocupación de la Jueza sobre la “contaminación” de la mirada periodística en los juicios es interesante, el problema es que habla como ciudadana, brinda un gran argumento a favor de la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, pero ese no es su rol

Para finalizar, sabemos que los medios de comunicación pueden tener un papel importantísimo para favorecer el razonamiento público general en la búsqueda de justicia, pues de las oportunidades para la discusión e interacción (que también le competen a las instituciones públicas mediante el sostenimiento de los canales diseñados a tal efecto) resultará muy posiblemente una comprensión más compleja y menos estigmatizada de las decisiones que se deben afrontar. La articulación entre medios de comunicación, justicia y democracia es directa,  la voz y la experiencia del pueblo tiene necesariamente que entrelazarse  en la estructura de las instituciones estatales y sociales. No sólo de la menos imperfecta batería de normas depende la posibilidad de que vivamos juntos en un entorno más justo, sino del ejercicio de los hombres y mujeres que las habitan asumiendo sus roles responsablemente. La necesidad de mejorar nuestras evaluaciones concretas de justicia plantea desafíos que requieren seguir pensándose.

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